El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro ha anunciado la puesta en marcha de los trámites para la creación del Consejo Aragonés del Transporte para cumplir las funciones de asesoramiento, consulta y debate sobre asuntos que afecten al sector.
Según Soro, el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno do e Aragón habría comenzado con la tramitación administrativa para la creación, mediante decreto del nuevo órgano que sustituirá al antiguo Consejo Regional de Transportes, creado en 1986 y que hace años que no cumple sus funciones.
El anuncio se ha hecho público durante la celebración del 40 aniversario de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime), celebrado el pasado día 11 de noviembre en el Hotel Palafox de Zaragoza.
En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha destacado la importancia de Asociaciones como Tradime como interlocutores con la administración. La colaboración entre ambos permite diseñar “estrategias comunes” ha señalado, en un duro momento del sector con el dumping social en el punto de mira.
En este sentido, Soro ha explicado que el dumping “no es sólo una cuestión que perjudique a las empresas” sino que “es una cuestión que afecta a todos porque afecta a la propia seguridad del tráfico y a los derechos de los trabajadores”. Un problema que en el que ya están trabajando “de lamano” el Gobierno de Aragón y los representantes del sector.
Otro asunto al que Soro ha hecho referencia por la polémica y el interés creado es el desvío obligatorio de los vehículos pesados a las autopistas, especialmente para los tránsitos de larga distancia y sin perjudicar el transporte local. “Desde el Gobierno de Aragón no vamos a estar de acuerdo, en ningún caso, en imponer el desvío obligatorio del tráfico pesado manteniendo la actual bonificación del 75 por ciento. Esa bonificación debería ser íntegra, del cien por cien, es decir, a cargo de las administraciones y no de las empresas de transporte” ha aclarado.
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