Iñigo de la Serna, ministro de Fomento, compareció ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados el pasado lunes 19 de diciembre para explicar las primeras actuaciones que llevara a cabo su departamento.
De este modo, el ministro aclaró que las principales líneas estratégicas del Ministerio son el apostar por nuevas bonificaciones a los transportistas para desviar el tráfico pesado por las autopistas de peaje y mantener la oposición a la implantación de la Euroviñeta en España. Asimismo, persistió en la idea de que asumir la deuda de las autopistas en quiebra no es una decisión política, sino que responde a un proceso judicial.
Para comenzar, de la Serna respondió tajantemente a la cuestión planteada por el Grupo Mixto asegurando que su Ministerio “no tiene intención de implantar la Euroviñeta”.
Además, el ministro subrayó que una de las primeras líneas de acción del Ministerio será “fomentar el uso de las infraestructuras existente”, que se llevará a cabo mediante el “aprovechamiento de las autopistas a través de planes de bonificaciones” entre otras actuaciones.
Así, ha aclarado que “nuestro objetivo es buscar acuerdos con las administraciones territoriales para que los vehículos pesados utilicen las autopistas en aquellos lugares donde existan itinerarios alternativos a las carreteras convencionales”.
Como justificación de dichas actuaciones, de la Serna ha recordado el éxito y los resultados positivos obtenidos con la política de bonificaciones de la AP-7 en Cataluña, que ha retirado de las carreteras convencionales unos 3,7 millones de vehículos pesados y ha reducido los accidentes mortales en la N-II un 72%.
Asimismo, ha destacado que “esta experiencia positiva nos lleva a seguir trabajando en esta línea” y ha adelantado que en la próxima reunión con la Generalitat de Cataluña se planteará la posibilidad de poner en marcha políticas similares en las carreteras N-340 y N-240.
En torno a la deuda de las autopistas en quiebra, el ministro de Fomento ha reiterado que “no responde a una decisión política sino a la resolución de un proceso judicial” y que esto podría suponer un desembolso de 5.000 millones de euros para las arcas públicas. De este modo, ha recordado que “la Responsabilidad Patrimonial del Estado obliga al Gobierno a asumir la deuda una vez que la Justicia dicta la liquidación”.
